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03 junio 2009

CIVE: Negocios turbios y fábrica tomada

Foto de La Voz del Interior

A esta hora los 75 trabajadores de la fábrica de vidrio CIVE se aprestan a dormir una vez más dentro de las instalaciones de la planta. Pero por detrás de esta determinación que implica una firme defensa de su fuente de trabajo, hay una larga historia de negociados que con maniobras legales y para-judiciales que ya hemos visto desplegarse en otras oportunidades, han llevado a esta empresa hasta la quiebra y la entrega de la misma a uno de sus acreedores... que también -casualmente- es uno de sus principales deudores.

La trama inmobiliaria

CIVE ocupa un amplio terreno de 2 hectáreas, ubicadas sobre una de las avenidas principales de Córdoba (Vélez Sársfield al 4700) y a 30 cuadras escasas del centro de la ciudad, esta localización estratégica ha despertado desde el principio la ambición de unos cuantos, que han visto allí un botín extremadamente jugoso para desarrollos inmobiliarios, dejando en segundo plano la fuente de trabajo de 75 familias y recorrer el viejo camino de los noventa donde la especulación y la ganancia rápida eran las únicas normas.

En este potencial negocio jugaría un rol estelar el empresario Hugo Ardiles quien durante los dos últimos años -en los que la fábrica estuvo administrada por la justicia- ha hecho muy buenos tratos a costilla del trabajo y el patrimonio ajeno. Se ha comprobado fehacientemente que Ardiles compró productos de CIVE pagando solo el precio de costo y a veces menos; pero además vendió a la empresa una máquina que aún no se ha podido pagar. De esta forma Ardiles se constituyó en una de las principales vías de vaciamiento de la planta y luego fue premiado por la jueza Marcela Antenucci como acreedor privilegiado... a pesar de que Ardiles también mantiene deudas con CIVE.

Pero la trama también tiene otros componentes siniestros y que involucran a la actual administración municipal, porque se ha sindicado a Marcel Bonetto, Secretario de Gobierno de Giacomino, como uno de los socios principales de Ardiles y quien sería la llave para conseguir apoyo oficial. De hecho, el anterior director del CPC Villa El Libertador, Adrián Vitali, denunció en su momento que Ardiles y Bonetto se presentaron el año pasado en su despacho a fin de presionarlo para que realizara inspecciones y clausurara la planta, permitiendo de esta forma apresurar el trámite de quiebra con las instalaciones paradas y vacías.

¿Y intendente dónde está?

Con todos estos antecedentes como marco, los trabajadores consiguieron que el Concejo Deliberante de la ciudad tomara cartas en el asunto y votara favorablemente una ordenanza impulsada por la concejal Marta Juarez (LdS) que declara de interés público a la empresa y la entrega temporariamente a sus empleados constituidos actualmente en una cooperativa.

Simultaneamente y con una velocidad llamativa, la jueza Antenucci decidió entregar CIVE a Ardiles y en ese marco apresurar todos los trámites judiciales que culminarían aparentemente con el cierre definitivo de la fábrica.

¿Pero por qué se ha llegado a esta situación si la ordenanza de Interés Público está por encima de la quiebra? Sencillo: falta una firma que promulgue la misma. Falta la rúbrica de Giacomino, o en su defecto, del Vice Intendente Carlos Vicente. Parece que nadie quiere agarrar esta papa caliente y como siempre sucede con Giaco, duda hasta de la duda misma para terminar atrapado por las circunstancias que lo ponen entre la espada y la pared. Por otra parte todo este asunto tiene un componente extra, ya que fruto de la situación, el destino de Bonetto está sellado y se dice que no sobrevivirá a la limpieza posterior al 28 de junio (se viene otra purga municipal).

La sartén por el mango

Hasta aquí es evidente que Ardiles lleva las de ganar, con una resolución judicial firme, sabiendo que en cualquier momento puede pedir la intervención de la policía para desalojar lo que ahora es suyo y con la tranquilidad de que desde las cabezas del estado -municipal y provincial- miran para otro lado; ahora sabe que los tiempos los maneja él.

Por ese motivo cuando hoy se realizaron maratónicas negociaciones entre las partes a fin de llegar a un acuerdo que les sirviera a todos, el empresario jugó sus cartas con displicencia.

Los trabajadores solo pedían que el nuevo dueño garantizara la continuidad de fuente de trabajo por 5 años y que respetara las antigüedades en caso de realizar despidos; esto a raíz de que hay fuertes rumores de que la empresa se mudaría a Río III y solo se quedaría con algunos trabajadores. Frente a esta solicitud la respuesta fue sencillamente NO a todo. NO se garantiza nada, ni los puestos ni la antigüedad. Al fin y al cabo están plenamente vigentes las leyes de quiebra que el menemismo armó en su momento para favorecer "la creación de empleo" y "desbaratar la industria del juicio", lo cual es la garantía de que los trabajadores no podrán hacer mucho salvo patalear... y luchar.

Otra vez sopa

Como telón de fondo se encuentra la justicia de Córdoba que, en la persona de la jueza Antenucci, vuelve y revuelve a su vieja tradición de avalar oscuros negociados y vaciamientos como si los únicos seres humanos con derecho y capacidad de administrar una empresa son los que se autodenominan "empresarios". Calificación amplia y generosa para encuadrar a alguien que no solo han participado activamente en la quiebra, sino que además es favorecido por la banca pública que realiza los préstamos necesarios para que este entuerto funcione como una maquinaria de relojería. Doble privilegio al cual los laburantes están muy lejos de poder acceder, porque la ley los mide con una vara voluble y los financistas los miran con desprecio.

Como decimos más arriba estas cosas ya han ocurrido antes en nuestra provincia. Sin ir más lejos recordamos cuando en pleno gobierno de Mestre se dio un proceso similar que terminó con la quiebra de la Cervercería Córdoba y la consiguiente venta de sus instalaciones a capitales chilenos. En aquella oportunidad los trabajadores también hicieron una toma pacífica con un amplio apoyo popular; pero en paralelo todo el estado provincial trabajaba activamente para encaminar la situación al carril "natural" de aquellos días: la destrucción de la fuente de trabajo. La que se terminó realizando bajo un amplio operativo policial a cargo del grupo policial de elite ETER que desalojó a la gente que hacía la toma como si se tratase de delincuentes peligrosos.

Un detalle interesante de la historia de la Cervecería es que los chilenos se comprometieron a mantener la producción, so pena de pagar una multa millonaria, pero a pesar de esto al otro día de firmado el fallo la mudaron a Rio II, despidieron a prácticamente todo el plantel y jamás nadie tuvo la decisión de hacerles cumplir con su palabra o sancionarlos de alguna manera.

Tirando dudas al voleo para dejar la puerta abierta

Visto todo esto se nos plantean algunas dudas, a saber:
¿Por qué una cuestión tan importante como la de mantener abierta una fuente de trabajo en Córdoba, gestionada por sus operarios, no figura en la agenda de la campaña de nadie?

¿Cuáles son los compromisos o los temores que atan las manos del poder ejecutivo municipal?

¿Por qué la Provincia tampoco toma cartas en el asunto y solo se restringe a gestiones voluntariosas? ¿Los legisladores UPC no se han enterado de esta situación?

¿Algún legislador -por fuera de la izquierda- se ha enterado de lo que está pasando?

¿Tan grande es el poder del Lobby inmobiliario que es capaz de comprar tantos silencios y ausencias?

Posteado por El Ñandú y Tux

1 Comentan sin ponerse colorados:

Cooperativa de Trabajadores de CIVE dijo...

Gracias por contribuir a que se conozca la verdad.

http://www.civeesdelostrabajadores.blogspot.com/