Una lógica que no cierra


A partir de los años 90 se impulsó desde la supestructura del stablishment la aparición masiva y con alto perfil de una cantidad de empresarios que se volcaron a la vida política. Y no es que antes no lo hicieran, sino que lo novedoso fue que se presentaron a si mismos no ya como parte de algún lobby o grupo de presión sino como personas capacitadas para llevar adelante una gestión pública a partir de su desempeño en el ámbito privado.

La movida era perfectamente lógica por aquellos años, en especial porque las ideas neoliberales estaban en la cresta de su ola, lo que impulsaba una visión generalizada de que un estado "moderno y liviano", desentendido de la mayoría de los temas que históricamente le habían competido, debía ser ahora administrado con criterios empresariales. A este presupuesto idelógico se le sumaba una necesidad pragmática, por que el descrédito de la clase política era muy importante y muchos -en especial desde el menemismo- trataron de oxigenar el ambiente incorporando a sus listas a industriales y deportistas conocidos.

Las boletas electorales de los principales partidos se inundaron entonces de sujetos cuyo principal pergamino era el de "empresario exitoso" (aunque a veces ese éxito fuera bastante dudoso) y cuyos compromisos programáticos no iban mucho más allá de sus propias necesidades comerciales. Macri y De Narvaez son hoy los representantes más visibles de esta casta de hombres de negocios volcados a la política y ellos exponen a diario una praxis donde lo importante es aprovechar las herramientas de la mercadotecnia para conseguir sus objetivos y gestionar al estado con criterios patronales, orientando gran parte de los recursos públicos a satisfacer las necesidades del capital privado y de las nuevas formas que asumió la otrora famosa Patria Contratista.

Pero aparte de los nombrados más arriba existen decenas de diputados y senadores que han sido cortados por la misma tijera noventista y que son o fueron actores claves en hechos políticos recientes, desnudando con sus actitudes las limitaciones de este modelo de construcción política.

Tomemos como ejemplo tres casos:

En Córdoba, lo tenemos fungiendo como senador nacional a Roberto Urquía quien fue elegido para acompañar la lista de Cristina Kirchner por ser la cabeza de AGD (el conglomerado agroindustrial más importante del país) y miembro dilecto de la Fundación Mediterranea. Urquía además era el presidente de la Comisión de Agricultura cuando estalló el conflicto de la Resolución 125 y fue uno de los votos negativos que más impactó personalmente a la presidenta. El segundo es el senador César Gioja, vinculado a la explotación minera de San Juan, quien desde el liderazgo de la Comisión de Minería e Hidrocarburos encabezó la ofensiva que terminó con el veto del ejecutivo a la ley de Glaciares. Y el tercero, es el senador jujeño Guillermo Jenefes, otro empresario, esta vez relacionado a los medios de comunicación de su provincia, y que preside la Comisión de Medios y Libertad de Expresión; quien se ha convertido por estos días en el principal obstáculo para aprobar en su cámara el proyecto de ley de medios audiovisuales que ya tiene media sanción de diputados.

Todos ellos fueron convocados bajo la excusa de ser personas que "sabían de los temas involucrados" pero por otra parte es inevitable pensar que cada uno asumió para representar de manera corporativa los intereses de su sector y -por qué no sospecharlo- de sus emprendimientos económicos particulares.

A la vista está que esos intereses poco tienen que ver con los del conjunto de los argentinos.

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