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06 junio 2010

Córdoba Style


Cuando a mediados del año pasado las cuentas provinciales crujían por la combinación de crisis mundial, sequía, la falta de remesas de la coparticipación y el atraso en los envíos de las cuotas comprometidas por la Nación para atender el déficit de la Caja de Previsión, se auguraba que en Córdoba el 2010 sería un año complejo.

Al final los peores pronósticos no se cumplieron porque la reactivación y la buena cosecha se sumaron a un notorio mejoramiento de las relaciones entre Córdoba y la Casa Rosada, lo que redundó en una situación financiera menos comprometida y los aires de optimismo volvieron a los pasillos de la Casa de las Tejas. Optimismo que luego se transformó en marcada alegría cuando la Presidenta anunció el plan de desendeudamiento para las provincias a través de un decreto que tomaba como base la propuesta del diputado nacional schiarettista Francisco Fortuna.

La notable baja en el stock de la deuda y de los intereses, más la desaparición del reajuste mediante el CER ya eran de por si era suficientes motivos para brindar con champán, pero el año y medio de gracia -justo a un año y medio de las elecciones- hizo que la cabeza del poder ejecutivo cordobés pensara que a la bebida había que sumarle caviar, bocaditos fríos y calientes y lógicamente, las pizzas menemistas.

El tema es que Córdoba, debido a su estructura fiscal atada a un ya añejo recorte impositivo del 30% (decretado al inicio del PRIMER gobierno de De la Sota) y anclada en la imposibilidad política de cobrar o reajustar las tasas del Impuesto Inmobiliario Rural, permanece con un nivel de ingresos más bien exiguo dependiente de los gravámenes al consumo y de los fondos coparticipables, por lo tanto los canapés y las pizzas solo pueden ser adquiridos mediante nuevo endeudamiento que, siguiendo con los standares habituales usados de este lado de la Pampa Húmeda, suele ser un interesante negocio para aquellos que los gestionan pero un clavo doblado para quienes deben pagarlo años después.

De esta manera Schiaretti y su equipo han lanzado un ambicioso plan de obras respaldado por la toma de créditos por alrededor de 1.400 millones de dólares, lo cual garantizaría un festejo cuyo background ejecutivo estaría cargo de un pool de empresas lideradas por Electroingeniería convertida ya en una verdadera especialista de estos pijama partys.

Además y como complemento de la operación re-endeudamiento, se profundizará el camino iniciado hace tiempo de liquidar propiedades de la provincia para conseguir más fondos frescos. En ese sentido se ha anunciado la venta de varias comisarías -especialmente las céntricas- con el objetivo declarado de utilizar lo obtenido en construir otras nuevas dependencias más seguras e higiénicas. El tema es que este gasto ya estaba contemplado en el presupuesto del 2010 con una nada desdeñable partida de 100 millones de pesos lo que plantea la pregunta sobre qué destino final tendrá ese dinero o si -como en otras oportunidades- los sobreprecios y la discrecionalidad administrativa del ejecutivo terminarán por comerse todo el paquete.

Algo similar ocurre con el proyecto de tendido de redes troncales de gas para el interior que estaba incluido entre las partidas presupuestarias del corriente ejercicio y que ahora mágicamente se ubica dentro de los anuncios de la infraestructura que se pretende financiar con los nuevos préstamos, sin que hasta el momento se sepa cómo y a dónde serán resignados los dinerillos sobrantes.

Lo que es innegable es que la torta que engalanará la fiesta es impresionante: el moderno "centro cívico" que el tandem De la Sota - Schiaretti vienen soñando desde hace una década y que probablemente hará empalidecer de envidia a la pirámide que construyen los Rodriguez Saa en la cercana San Luis. La idea es ubicarlo en los predios del ex Ferrocarril Mitre y a poquitas cuadras del centro histórico de la ciudad, lo cual es llamativo porque se abandonó la idea original de levantarlo en los terrenos del Liceo Militar General Paz.

Y aquí entra a jugar otro ingrediente central en esto que ya podríamos llamar el estilo cordobés de conjugar negocios y política: el componente inmobiliario. Ya desde el retorno de la democracia las principales empresas constructoras de la provincia estuvieron fuertemente ligadas con los partidos gobernantes, no solo a través de la obra pública sino también por medio de los negocios particulares de muchos funcionarios de alto nivel. Esta relación tuvo los altibajos naturales con mejores y peores momentos de acuerdo a los saltos y caídas de la economía nacional, pero en la última década y debido al boom de la soja, una fuerte corriente de divisas se ha canalizado por medio de diferentes empresas para convertirse en ladrillos. Este fenómeno ha convertido a los antiguos contratistas en "desarrollistas urbanos" con muchísimo poder de lobby y con intereses tan fuertes que sobrepasan largamente los límites de lo inmobiliario.

Justamente ese nuevo factor económico es decisivo a la hora de financiar campañas o defenestrar candidatos, por lo cual su capacidad de conseguir leyes, decretos y excepciones favorables a su actividad se sienten tanto en la provincia como en los principales municipios cordobeses. Así tranquilos barrios o bucólicas ciudades del gran Córdoba se transforman en receptores de enormes edificios y lujosos countrys; se realizan importantes mudanzas de villas ubicadas en terrenos valiosos cuyos habitantes son lanzados a la periferia del ejido urbano a barriadas llamadas pomposamente "ciudades" que tienen gruesas falencias en sus servicios, y se adaptan apresuradamente los códigos urbanos para permitir que el "progreso" llegue a todas partes.

Como contracara las inversiones estatales en temas básicos brillan por su ausencia o son más bien escasas: faltan cloacas, los hospitales se caen a pedazos, el servicio del PAICOR es realmente abominable, el sistema vial provincial está en ruinas, la distribución de electricidad está montada sobre una red obsoleta, y no hay perspectivas de que el sistema de agua mejore si la sigue administrando Roggio con un contrato abusivo cuyo autor intelectual es el propio Schiaretti.

Pero lo más injusto de todo es que mientras el negocio inmobiliario se expande, la vivienda social ha desaparecido de los planes oficiales y los créditos para la construcción siguen siendo prohibitivos, con lo cual el sueño de la vivienda propia es una utopía para la abrumadora mayoría de los habitantes de esta provincia que deben conformarse con elegir entre vivir con sus padres haciendo una prefabricada al fondo o alquilar algún departamento administrado / construido o proyectado por alguna inmobiliaria socia del poder.

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