-¿Por qué Yanicelli y otros policías integraron la plana mayor de la Policía?
-La permanencia de policías con pasado en el D2 que estaban en la época de Mestre ya venía desde antes, de Angeloz y su ministro (de Gobierno) José Cafferata Nores. Vale recordar el asesinato del (ex senador) Regino Maders, donde varios policías y ex policías del D2 estaban involucrados, como (Oscar) Síntora (asesino de Maders) y el "Tuerto" (Fernando) Rocha (imputado por torturas a Urquiza y a otros). Yanicelli siguió integrando la plana mayor debido a la protección que recibió de Mestre, ya que era quien le hacía trabajos de inteligencia. Era una recíproca ayuda entre ambas partes. Se habían reciclado en democracia, y, aunque ellos sabían de su pasado como torturadores, les servían para sus intereses. Tal es así que ante las denuncias de Tazzioli y las mías, (el entonces ministro de Gobierno de Mestre) Oscar Aguad siguió manteniendo a Yanicelli en su cargo y a otros 100 policías del D2 en actividad hasta último momento. Durante el gobierno de Mestre, aparte de Yanicelli había otro ex D2 de apellido Juan que era instructor en la Escuela de Policía y un tercero que ocupaba cargo de comisario.
Lo de arriba es parte de una declaración periodística del ex policía Luis Urquiza (leer entrevista completa), y aclara con mayor detalle algo de lo que hablamos algunas veces aquí: cómo los gobiernos democráticos surgidos a partir del '83 utilizaron para sus intereses gran parte de la estructura represiva montada por la dictadura. Policías, fiscales y jueces que habían sido preparados en la Doctrina de Seguridad Nacional y cuyas "habilidades" fueron aprovechadas para reprimir la conflictividad social que se empezó a agudizar desde el '85 en adelante.
Lo que queda claro es que ninguno de los actores políticos implicados puede aducir en su defensa que desconocía el pasado de sus subordinados ya que en numerosas ocasiones fueron alertados por los organismos de derechos humanos apoyados en pruebas documentales más que contundentes.Entonces la decisión orgánica de reciclar esos elementos tuvo su raíz en la convicción ideológica profunda de que el disciplinamiento social solo se podía alcanzar elevando los niveles de control y represión. La permanencia de las oficinas de "Inteligencia Política"; las pinchaduras ilegales sobre los teléfonos de dirigentes sindicales, políticos y de derechos humanos; se engarzaban perfectamente con causas amañadas, el entrenamiento militar de los nuevos oficiales, la represión callejera y los allanamientos ilegales.
Esta estructura no podía seguir operando por inercia, lo hacía porque desde el poder se lo defendía y potenciaba, al punto de que el grueso de las denuncias sobre estas cuestiones no solo que eran minimizadas por la prensa sino que en más de una oportunidad eran los represores los elegidos para oficiar de voceros o "gargantas profundas" para explicar el supuesto carácter sedicioso de los sectores puestos en ese momento en un claro rol de resistencia. De hecho, esa misma resistencia era caratulada como un resabio de "otros tiempos" cuando en realidad significó en aquellos días -y todavía lo significa hoy- una búsqueda de profundizar el proceso democrático, yendo más allá de los formalismos.
Al día de hoy todavía quedan muchas cosas pendientes, aún hay personas que comulgan con ideas autoritarias y tienen ambiciones de poder. En la cúpula misma de la justicia cordobesa (y de allí para abajo) hay funcionarios que juraron por las actas del Proceso y fueron testigos (¿solo testigos?) de lo que ocurrió del 76 en adelante. En la legislatura todavía quedan sujetos acusados de haber formado parte de grupos de tareas en otra provincia. Hasta hace poco, dirigentes gremiales escuchaban habitualmente curiosos ecos en sus líneas telefónicas y sufrían cortes de servicio cuando hablaban con periodistas. La judicialización de la protesta no ha cesado ni ha cedido. Está en vigencia un Código de Faltas vergonzoso destinado más a perseguir pobres que a combatir el delito. A los nuevos policías se los educa casi como se lo hacía en la época de Menéndez, y aunque ahora les han agregado un manual de Derechos Humanos, los casos de gatillo fácil, golpizas y abusos en comisarías siguen apareciendo con regularidad asombrosa.
Y si estas cosas se mantienen es porque aún existe un influyente sector político y económico, alineado detrás del gatopardismo expresado en el conservador "Partido Cordobés", que rota nombres, anteojos, entretejidos y mentiras, para que nada cambie y la democracia solo sea una palabra útil cada dos años, cuando las urgencias de la campaña así lo prescriban.
-La permanencia de policías con pasado en el D2 que estaban en la época de Mestre ya venía desde antes, de Angeloz y su ministro (de Gobierno) José Cafferata Nores. Vale recordar el asesinato del (ex senador) Regino Maders, donde varios policías y ex policías del D2 estaban involucrados, como (Oscar) Síntora (asesino de Maders) y el "Tuerto" (Fernando) Rocha (imputado por torturas a Urquiza y a otros). Yanicelli siguió integrando la plana mayor debido a la protección que recibió de Mestre, ya que era quien le hacía trabajos de inteligencia. Era una recíproca ayuda entre ambas partes. Se habían reciclado en democracia, y, aunque ellos sabían de su pasado como torturadores, les servían para sus intereses. Tal es así que ante las denuncias de Tazzioli y las mías, (el entonces ministro de Gobierno de Mestre) Oscar Aguad siguió manteniendo a Yanicelli en su cargo y a otros 100 policías del D2 en actividad hasta último momento. Durante el gobierno de Mestre, aparte de Yanicelli había otro ex D2 de apellido Juan que era instructor en la Escuela de Policía y un tercero que ocupaba cargo de comisario.
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Lo de arriba es parte de una declaración periodística del ex policía Luis Urquiza (leer entrevista completa), y aclara con mayor detalle algo de lo que hablamos algunas veces aquí: cómo los gobiernos democráticos surgidos a partir del '83 utilizaron para sus intereses gran parte de la estructura represiva montada por la dictadura. Policías, fiscales y jueces que habían sido preparados en la Doctrina de Seguridad Nacional y cuyas "habilidades" fueron aprovechadas para reprimir la conflictividad social que se empezó a agudizar desde el '85 en adelante.
Lo que queda claro es que ninguno de los actores políticos implicados puede aducir en su defensa que desconocía el pasado de sus subordinados ya que en numerosas ocasiones fueron alertados por los organismos de derechos humanos apoyados en pruebas documentales más que contundentes.Entonces la decisión orgánica de reciclar esos elementos tuvo su raíz en la convicción ideológica profunda de que el disciplinamiento social solo se podía alcanzar elevando los niveles de control y represión. La permanencia de las oficinas de "Inteligencia Política"; las pinchaduras ilegales sobre los teléfonos de dirigentes sindicales, políticos y de derechos humanos; se engarzaban perfectamente con causas amañadas, el entrenamiento militar de los nuevos oficiales, la represión callejera y los allanamientos ilegales.
Esta estructura no podía seguir operando por inercia, lo hacía porque desde el poder se lo defendía y potenciaba, al punto de que el grueso de las denuncias sobre estas cuestiones no solo que eran minimizadas por la prensa sino que en más de una oportunidad eran los represores los elegidos para oficiar de voceros o "gargantas profundas" para explicar el supuesto carácter sedicioso de los sectores puestos en ese momento en un claro rol de resistencia. De hecho, esa misma resistencia era caratulada como un resabio de "otros tiempos" cuando en realidad significó en aquellos días -y todavía lo significa hoy- una búsqueda de profundizar el proceso democrático, yendo más allá de los formalismos.
Al día de hoy todavía quedan muchas cosas pendientes, aún hay personas que comulgan con ideas autoritarias y tienen ambiciones de poder. En la cúpula misma de la justicia cordobesa (y de allí para abajo) hay funcionarios que juraron por las actas del Proceso y fueron testigos (¿solo testigos?) de lo que ocurrió del 76 en adelante. En la legislatura todavía quedan sujetos acusados de haber formado parte de grupos de tareas en otra provincia. Hasta hace poco, dirigentes gremiales escuchaban habitualmente curiosos ecos en sus líneas telefónicas y sufrían cortes de servicio cuando hablaban con periodistas. La judicialización de la protesta no ha cesado ni ha cedido. Está en vigencia un Código de Faltas vergonzoso destinado más a perseguir pobres que a combatir el delito. A los nuevos policías se los educa casi como se lo hacía en la época de Menéndez, y aunque ahora les han agregado un manual de Derechos Humanos, los casos de gatillo fácil, golpizas y abusos en comisarías siguen apareciendo con regularidad asombrosa.
Y si estas cosas se mantienen es porque aún existe un influyente sector político y económico, alineado detrás del gatopardismo expresado en el conservador "Partido Cordobés", que rota nombres, anteojos, entretejidos y mentiras, para que nada cambie y la democracia solo sea una palabra útil cada dos años, cuando las urgencias de la campaña así lo prescriban.
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