Redes sociales

01 febrero 2012

Señales

Que este 2012 puede llegar a ser un año complicado desde lo social es algo que salta a la vista. No hace falta ser un gran sociólogo para caer en cuenta que los sucesivos reajustes tarifarios, la quita de subsidios, el aumento del transporte público, el proceso inflacionario sobre los alimentos y el atraso salarial de los trabajadores, especialmente los públicos provinciales, son un cóctel que necesita de algo más que promesas para volverse digerible o neutralizarse.

Es por eso, y de acuerdo a su vieja costumbre, que el gobernador De la Sota enarbola su bandera de "A dios rogando y con el mazo dando" para anunciar en su discurso inaugural de las sesiones de la legislatura cordobesa que el Código de Faltas será reformado a fin de endurecer las penas contra los "violentos" que participen de las manifestaciones con bombas de estruendo.

A medida a sus palabras iban llenando el recinto y difundiéndose gracias a los medios, algunas señales quedaron al descubierto. Primero que este no es un anuncio más, sino que necesitaba de ese ámbito y esa oportunidad para dejar en claro que el ejecutivo provincial tiene como política de estado para este año imponer la mano dura y darle aún más poder a la policía provincial. Los disturbios que se puedan llegar a dar en el marco de las protestas seguramente no tendrán que hacer un camino judicial muy largo ya que a partir del momento de la reforma se ampliarán las causas por las cuales se podrá quedar bajo el control del comisario de turno que -tal como el código de faltas lo habilita- será juez y parte para deterrminar la pena a aplicarse.

En segundo lugar es evidente que en la determinación local de endurecer el código hay una relación directa con las señales que se mandaron a nivel nacional con la sanción de la Ley Antiterrorista, y no es que De la Sota necesitaba de una habilitación externa para dar pasos en una senda que él ya ha transitado, sino que ahora tiene el marco perfecto para hacerlo.

Y la tercera señal, es que el horno no está para bollos, prueba de ello es que una vez más la Legislatura amaneció fuertemente custodiada y cercada. En Córdoba, la "fiesta democrática" solo dura hasta el día posterior de las elecciones, después cuando el puño de hierro se hace cargo, el derecho a peticionar a las autoridades queda en letra muerta y los legisladores oficialistas se transforman en engranajes necesarios de un nuevo plan de ajuste.

El camino para seguir criminalizando el reclamo social - gremial está siendo generosamente ensanchado, la pregunta es si bastará con esto para limitar un descontento que se multiplicará en las semanas por venir, cuando se reabran las paritarias del SEP y la UEPC.

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